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La Fiscalía española ha solicitado penas de hasta 25 años de prisión por el delito de rebelión para

Fiscalía y Abogacía del Estado discrepan en el delito que se cometió el 1-O

Para el ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, la Fiscalía pide 25 años de cárcel y defiende penas inferiores para Jordi Sánchez, Carmen Forcadell y Jordi Cuixart - 17 años- ; y para Jordi Turull, Raul Romeva, Dolors Bassa, Josep Rull y Joaquin Forn - 16 años -. Abogacía del Estado pide 12 años de cárcel para Junqueras y 11 años y medio para el resto.

El delito de rebelión es el más alto que se podía imputar a los encausados por la celebración del referéndum en el que se consultó sobre la independencia de Cataluña el 1 de octubre de 2017 y que fue declarado ilegal por la Justicia española.

La diferencia entre rebelión y sedición - el delito que reclama la Abogacía del Estado- es que para el primer crimen tiene que mediar violencia.

En la argumentación de la solicitud de penas, la Fiscalía sostiene que la actuación de los acusados puso “en grave peligro el orden constitucional” y menciona el uso de la violencia para asegurar “el resultado criminal pretendido”.

A diferencia de la Fiscalía, la Abogacía del Estado representa los intereses del Estado y depende del Gobierno de Pedro Sánchez que ya había emitido señales de que no estaba de acuerdo con equiparar la consulta a un golpe de Estado.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Justicia, que supervisa a la Abogacía del Estado, negó intencionalidad política:

“Esto no es una cuestión de gestos, es una cuestión jurídico técnica (...) bajo criterios profesionales. No ha habido imposición de criterio”, dijo.

El socialista Sánchez lleva intentando rebajar la tensión con Cataluña desde que llegó al poder el pasado 1 de junio. Los políticos independentistas catalanes, que le apoyaron en la moción de censura con la que se hizo con el poder, le han pedido que muestre gestos de acercamiento en público a cambio de apoyar los Presupuestos Generales del Estado para 2019.

“Que la Abogacía del Estado acuse de sedición no es un gesto, es un menosprecio absoluto a los demócratas encarcelados”, contrarrestó Quim Torra, presidente actual de la Generalitat en una rueda de prensa simultánea a la del Consejo de Ministros. “Hoy el gobierno español ha perdido una oportunidad de oro para sacar de los tribunales el conflicto que se vive en Cataluña y devolverlo a la política”.

Los encausados llevan ya casi un año en prisión provisional en espera de un juicio que no comenzará antes de enero.

Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat cuando tuvieron lugar los hechos, y otros cinco políticos reclamados por la Justicia española se han exiliado a diferentes países que no reconocen el delito de rebelión para no ser extraditados.

OTROS PROCESADOS

En cuanto al resto de los encausados - que no están en prisión provisional- Carles Mundó, Meritxell Borrás y Santiago Vila - tanto Fiscalía como Abogacía del Estado piden 7 años solo por el delito de malversación.

Por otro lado, en su escrito la Fiscalía sostiene que los delitos se pudieron perpetrar gracias a la colaboración de los Mossos d’Esquadra, a los que también imputan el delito de rebelión pero en otro alto tribunal, en este caso la Audiencia Nacional, por no estar aforados.

Así, solicita 11 años de cárcel para Josep Lluís Trapero -el mayor que pilotó el dispositivo y que se forjó una imagen de héroe durante los atentados de Barcelona en agosto de 2017 -; para Teresa Planas; Pere Soler i Campins y César Puig.

En las próximas semanas las defensas presentarán sus alegaciones. La ministra de Defensa insistió durante la rueda de prensa en que la posición de la Abogacía era “provisional”.

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